El lavado de activos se trata del acto de ocultar o disimular el origen la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
Esto se traduce en el hecho de introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles el aspecto de legalidad a través de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin exponer o poner en peligro su fuente.
Dicho de manera simple, el proceso de lavado de activos consta de dos partes: la ilegal y la legal. En la primera ocurren los hechos de realización del delito, generación de dinero o bienes producto del delito y el blanqueo mediante operaciones complejas y encubiertas. En este último paso se pasa de lo ilícito a lo lícito, llevando a cabo la ocultación o disimulación del orígen ilícito de los bienes, para luego pasar al sistema financiero, fachadas comerciales y diversificación de productos, entre otras actividades usualmente legales.
El narcotráfico es el principal ejemplo delito base del lavado de activos, pero no es el único: el LA también se puede originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas.
TODO ESTO IMPLICA MÚLTIPLES RIESGOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN:
Sociales: Al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.
Económicos: Al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
Financieros: Al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.
Reputacionales: Por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.
El lavado de actiactivos es regularizado y fiscalizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), un ente público estatal descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Te invitamos a leer más sobre la UAF y sus regulaciones en nuestro Ebook “Compliance 101: ¿Qué es la UAF y por qué debería informarme?”
