Pauta.cl cubrió este mes el lanzamiento de las dos nuevas herramientas con inteligencia artificial que Regcheq suma a su plataforma dentro de su hoja de ruta 2026: Malla Delictual y Monitoreo Transaccional, ya disponibles. Ambas responden a un cambio de fondo en lo que exige hoy la regulación chilena: no basta con demostrar cumplimiento formal después de un problema, hay que detectar el riesgo antes de que se materialice.
Las leyes 19.913, 20.393 y 21.595 ya obligan a las empresas a tener manual de prevención, oficial de cumplimiento designado y debida diligencia reforzada. Pero el estándar real que impone la normativa es más ambicioso: anticiparse, no solo reaccionar. Y los números respaldan la urgencia. Según el Informe Estadístico 2025 de la UAF, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) aumentaron un 25,3% respecto de 2024, la cifra más alta registrada hasta ahora —una señal clara de que el volumen de riesgo a vigilar sigue creciendo, y que revisar una sola vez, al ingresar un cliente o proveedor, ya no es suficiente.
Ese es justamente el problema que ambas herramientas buscan cerrar: hoy la mayoría de las empresas evalúa a una contraparte comparando su nombre con listas de sanciones al momento del ingreso, y si no aparece marcado, el expediente se cierra ahí. Pero el riesgo real casi nunca está en ese nombre: está en lo que lo rodea —el cónyuge, el socio, una sociedad creada hace pocos meses, un familiar con una causa penal vigente— o en un cliente que era "limpio" al aprobarse y se volvió un riesgo meses después, sin que nadie lo notara a tiempo.
El caso de la red financiera del Tren de Aragua en Chile, conocido públicamente como Operación Tokio, es un ejemplo concreto de por qué este tipo de herramientas ya no son opcionales. Según reportajes de Ciper Chile, la organización movió fondos a través de más de 800 cuentas bancarias, usando empresas fantasma y patrones como depósitos fragmentados, transferencias reiteradas y retiros inmediatos, sin que el sistema financiero generara una sola alerta ante la UAF pese a lo anómalo del comportamiento.
Es exactamente el punto ciego que Malla Delictual y Monitoreo Transaccional buscan cerrar: una red de empresas y personas relacionadas que, revisadas una por una, no mostraban nada sospechoso, y un patrón de operaciones que solo se vuelve visible cuando se analiza en conjunto y en tiempo real, no transacción por transacción. La propia UAF terminó alertando al Ministerio Público sobre esta red, y la Fiscalía ha señalado que esas alertas fueron clave para desarticular el brazo financiero de la organización —una desarticulación que llegó después de que el dinero ya se había movido, no antes.
Con solo un RUT o una razón social, la Malla Delictual arma automáticamente los vínculos familiares y societarios de una persona o empresa —incluyendo al beneficiario final— y los cruza con causas penales, listas de sanciones y antecedentes comerciales. La plataforma genera luego un scoring según los parámetros que cada empresa define y emite una alerta, a partir de la cual el oficial de cumplimiento decide si abrir una investigación dentro de la misma herramienta, asignando responsables y plazos, con trazabilidad completa para respaldar el proceso ante una fiscalización.
Imagen ilustrativa de Malla Delictual
La segunda herramienta se enfoca en lo que pasa después de que la relación comercial ya está en marcha: revisa cada operación en tiempo real contra reglas configurables por cada empresa —montos que superan lo habitual para un segmento, operaciones que no calzan con el rubro declarado, desproporción entre ingresos y movimientos, fraccionamiento de montos, cambios bruscos en la frecuencia de ingresos o retiros, entre otras. Cada alerta queda clasificada por nivel de riesgo, documentada y con un resumen generado con IA, lista para presentar al comité de compliance.
Ambas capacidades comparten un mismo enfoque: aplicar un solo motor de análisis a clientes, proveedores y colaboradores, respaldado por un equipo que trabajó antes en la fiscalización de la UAF. Hoy Regcheq procesa más de 2.000 listas de sanciones y millones de fichas y operaciones en la región, con más de 500 empresas clientes en Chile, México, Perú y Brasil. La apuesta, tal como lo recogió Pauta.cl, es que el cumplimiento normativo deje de ser un trámite y se convierta en un respaldo documentado frente a la UAF, la CMF o el Ministerio Público.
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