El lavado de activos es el proceso de ocultar o disimular el origen ilícito de fondos para hacerlos parecer legales.
Es el proceso mediante el cual se busca ocultar o disimular el origen ilícito de fondos, bienes o recursos obtenidos a través de actividades criminales, dándoles una apariencia de legalidad para integrarlos al sistema económico.
En los últimos años, el Perú ha fortalecido drásticamente su marco normativo para combatir el lavado de activos, alineándose con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el GAFILAT. La lucha contra este delito es una prioridad nacional para proteger la integridad de la economía y la seguridad del país.
El lavado de activos implica una serie de operaciones complejas que buscan borrar el rastro de fondos provenientes de delitos precedentes como el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción de funcionarios, el fraude o el contrabando. Generalmente, este proceso se desarrolla en tres etapas:
El lavado de activos no solo blanquea ganancias criminales, sino que alimenta la permanencia de organizaciones delictivas y corroe la confianza en las instituciones. En el Perú, su prevención es clave para:
El Perú cuenta con un marco legal robusto, liderado por la Ley N° 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), integrada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
La normativa establece obligaciones de prevención (como el registro de operaciones y el reporte de operaciones sospechosas - ROS) para una amplia lista de Sujetos Obligados, que incluye:
"El lavado de dinero es una amenaza que debilita la economía formal y fortalece las economías criminales. Su prevención requiere el compromiso estratégico del sector privado y una vigilancia tecnológica constante."
La lucha contra el lavado de activos en el Perú es una responsabilidad compartida. La implementación de programas de Compliance, la designación de un Oficial de Cumplimiento capacitado y el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo son piezas fundamentales para fortalecer la integridad del país y proteger a las empresas de riesgos legales y reputacionales.