El sistema chileno falló ante red financiera del Tren de Aragua

El sistema de detección falló frente al crimen organizado

Una reciente investigación de Ciper Chile reveló una grave vulnerabilidad en el sistema chileno de prevención del lavado de activos. Cientos de transacciones financieras vinculadas a una red operada por el grupo criminal Tren de Aragua no activaron ninguna alerta ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pese a su volumen, frecuencia y patrones inusuales. El problema no radica en una sola institución: es el sistema completo el que quedó superado.

Las organizaciones criminales están moviéndose con rapidez, aprovechando fallas estructurales en los mecanismos de detección de operaciones sospechosas. Chile, al igual que otros países de la región, enfrenta el desafío urgente de modernizar su arquitectura de prevención financiera, tanto en la banca tradicional como en nuevos sectores como el de las criptomonedas.

¿Qué reveló la investigación?

La publicación de Ciper identificó una red de más de 800 cuentas bancarias utilizadas para mover dinero presuntamente vinculado a delitos como trata de personas, extorsión y narcotráfico, actividades atribuidas al Tren de Aragua. A pesar del volumen y comportamiento atípico de las transacciones —depósitos fragmentados, transferencias reiteradas, retiros inmediatos—, no se emitieron Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la UAF.

Esto significa que el sistema de monitoreo financiero nacional no logró detectar ni alertar sobre una operación criminal de gran escala, lo que genera preocupación sobre su eficacia y alcance.

¿Cómo debería funcionar el sistema?

En Chile, todos los actores financieros considerados "sujetos obligados" deben reportar a la UAF cualquier operación que, por su naturaleza o contexto, resulte sospechosa. Esto incluye no solo a bancos, sino también a cooperativas, casas de cambio, empresas de factoring y operadores de criptomonedas, entre otros.

Estos sujetos están obligados a:

• Implementar sistemas de monitoreo automatizado.

• Contar con un Oficial de Cumplimiento.

• Capacitar a su personal en prevención de delitos financieros.

• Emitir ROS cuando se detectan operaciones inusuales o sin justificación clara.

Sin embargo, los sistemas actuales parecen no estar preparados para detectar estructuras criminales complejas que operan con múltiples cuentas, montos bajos y alta velocidad de transacción.

Las organizaciones criminales van un paso adelante

Las bandas delictuales han entendido cómo funciona el sistema y lo explotan a su favor. Dividen grandes sumas en muchas operaciones pequeñas ("smurfing"), distribuyen fondos entre cuentas de distintas personas, usan billeteras digitales o plataformas de criptomonedas, y realizan transacciones entre cuentas aparentemente desconectadas.

Así, logran mantenerse bajo los umbrales de alerta, burlando los filtros automatizados y evitando la generación de ROS.

Mientras la regulación avanza lentamente, estas organizaciones usan métodos cada vez más sofisticados para integrar el dinero ilícito al sistema financiero formal. Este caso demuestra que la arquitectura de cumplimiento chilena —y no sólo los actores individuales— necesita una revisión urgente.

¿Por qué no hubo alertas?

La falta de alertas no puede atribuirse exclusivamente a una falla de los bancos o empresas individuales. Se trata de una combinación de factores:

1. Sistemas de detección desactualizados
   Muchos modelos de monitoreo funcionan con reglas estáticas y criterios predefinidos que no se ajustan fácilmente a nuevas tipologías delictivas.

2. Fragmentación de la información
   Sin una mirada integral o centralizada, es difícil detectar patrones que solo emergen al analizar múltiples cuentas o instituciones en conjunto.

3. Capacidad limitada de análisis humano
   Aunque existen algoritmos de detección, la validación final muchas veces requiere juicio humano, y los equipos de cumplimiento no siempre tienen recursos suficientes.

4. Débil supervisión en sectores emergentes
   Actores como plataformas de criptomonedas y fintechs todavía están en proceso de regulación o supervisión, lo que crea brechas donde el crimen puede operar con mayor libertad.

No es un problema solo de la banca

Si bien los bancos están en el centro del sistema financiero, este tipo de operaciones también puede canalizarse por empresas de remesas, casas de cambio, compañías de leasing, inmobiliarias, e incluso plataformas de criptomonedas.

La Ley N°19.913, que regula el actuar de la UAF, ha ido ampliando los sujetos obligados, pero la velocidad del crimen financiero digital supera con creces la capacidad regulatoria y técnica del Estado.

En este contexto, incluso las empresas que hoy no están obligadas por ley a reportar ROS deberían considerar implementar programas de cumplimiento preventivo. No hacerlo representa no solo un riesgo reputacional, sino también una vulnerabilidad operacional.

¿Qué acciones deberían tomarse?

Frente a un sistema superado por el crimen organizado, las posibles respuestas deben ser de orden estructural:

• Modernización de los sistemas de detección: adoptar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y machine learning que permitan identificar patrones ocultos.

• Interoperabilidad y cruce de información: facilitar el intercambio de datos entre actores del sistema financiero para construir una visión más amplia de las operaciones.

• Regulación más ágil para nuevos actores: incluir con mayor claridad y supervisión a empresas del mundo cripto, billeteras digitales y plataformas fintech.

• Capacitación transversal y constante: fortalecer las competencias de los equipos de cumplimiento en todas las industrias expuestas a riesgo.

• Supervisión preventiva más robusta: que la UAF y otros reguladores actúen con enfoque prospectivo, no solo reactivo.

El desafío de anticiparse al delito

El caso del Tren de Aragua pone en evidencia que la criminalidad organizada está utilizando el sistema financiero chileno para mover fondos sin ser detectada. El problema no son los bancos o empresas por separado, sino la falta de una respuesta sistémica que integre tecnología, regulación, supervisión y colaboración interinstitucional.

Para prevenir el lavado de activos en el Chile del futuro, necesitamos un sistema de cumplimiento que no solo reaccione ante lo evidente, sino que se anticipe a lo invisible.