Formalización de aserraderos por madera robada: implicancias legales

Un precedente histórico en la persecución penal corporativa en Chile

El 18 de julio de 2025, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía marcó un precedente al formalizar por primera vez en Chile a siete personas jurídicas —aserraderos— por el delito de receptación de madera sustraída desde predios de Forestal Mininco, ubicados en las comunas de Galvarino y Collipulli. Esta acción no solo expone un fenómeno delictual estructural en la macrozona sur, sino que también representa una señal clara de la autoridad respecto a su voluntad de aplicar con mayor rigor el marco legal vigente a las empresas que operan con estándares de cumplimiento deficientes o inexistentes.

El caso, derivado de una extensa investigación criminal contra una organización dedicada al robo de madera, permitió vincular a diversos aserraderos con la compra de más de 5.000 metros cúbicos de madera robada. Esta situación implica no solo una infracción a la ley penal, sino también profundas consecuencias en materia de compliance, gestión de riesgos y reputación empresarial.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile

Desde la entrada en vigor de la Ley N° 20.393 en 2009, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por determinados delitos cometidos por sus directivos o empleados, en beneficio de la empresa y como consecuencia de una falta de prevención. Aunque inicialmente la ley se centró en delitos como el cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la reforma introducida por la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos y ambientales ha ampliado considerablemente el catálogo de ilícitos, incluyendo la receptación.

Con esta formalización, la Fiscalía da un paso decisivo al aplicar esta legislación en un sector históricamente afectado por economías ilegales. En particular, se acusa a las empresas formalizadas de haber adquirido madera sin realizar una debida diligencia sobre su origen, lo que configura una posible omisión de controles razonables y adecuados para prevenir delitos.

El eslabón empresarial en la cadena delictiva

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la estrategia de persecución penal empleada por la Fiscalía. Tradicionalmente, las investigaciones por robo de madera se han enfocado en los ejecutores materiales del delito —quienes sustraen la madera desde predios forestales—. Sin embargo, este caso pone el foco en un eslabón muchas veces ignorado: quienes compran y procesan esa madera, permitiendo que se integre al circuito comercial formal.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que esta acción tiene como objetivo “romper la cadena de producción del delito”, desincentivando la demanda por madera de origen ilícito. Para el ecosistema empresarial, este enfoque representa un llamado de atención: no basta con no participar directamente en un ilícito, también es necesario evitar ser un facilitador indirecto de actividades delictuales.

Suspensión condicional y reparación social

En esta primera fase, seis de las siete empresas formalizadas accedieron a una salida alternativa mediante la suspensión condicional del procedimiento. Este mecanismo, regulado por el Código Procesal Penal, exige el cumplimiento de determinadas condiciones por parte del imputado, como la reparación del daño causado.

En este caso, las empresas comprometieron el pago de más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de Galvarino, lo que fue valorado por la Fiscalía como un gesto de reparación hacia las comunidades afectadas por el robo de madera.

No obstante, una de las empresas, PROMASA, rechazó esta fórmula y enfrentará un juicio penal. La acusación en su contra implica la adquisición de más de 2.300 metros cúbicos de madera robada, avaluada en más de $140 millones. Este litigio será clave para observar cómo se aplica la responsabilidad penal de las empresas en contextos donde no hay colaboración activa con la investigación ni reconocimiento de los hechos.

Implicancias para el compliance corporativo

El caso expone una serie de lecciones críticas para los programas de cumplimiento en Chile, especialmente en industrias de alto riesgo como la forestal, minera o pesquera. En particular, revela la necesidad urgente de adoptar mecanismos eficaces de prevención que incluyan:

• Due diligence robusto sobre proveedores y materias primas. No basta con exigir facturas o guías de despacho. Es necesario implementar procesos que permitan verificar el origen legal de los bienes adquiridos, especialmente cuando existe un mercado negro conocido y activo.

• Controles internos orientados a prevenir delitos económicos. Esto incluye políticas de compra responsable, trazabilidad documental, análisis de precios anómalos y procedimientos de denuncia.

• Capacitación continua para personal clave. Compradores, encargados de abastecimiento y gerencias operativas deben ser entrenados para identificar señales de alerta en las operaciones comerciales.

• Auditorías periódicas y sistemas de monitoreo. Una revisión sistemática de las operaciones ayuda a detectar desviaciones o prácticas contrarias al programa de cumplimiento.

• Evaluación de riesgos sectoriales. El compliance no puede construirse en abstracto; debe considerar los riesgos propios de cada industria y territorio. En la macrozona sur, por ejemplo, el robo de madera no es un hecho aislado, sino parte de un ecosistema delictual más complejo.

El rol de la alta dirección y el gobierno corporativo

La experiencia demuestra que un programa de compliance solo será eficaz si cuenta con el compromiso real de la alta dirección. La cultura corporativa debe alinearse con estándares éticos exigentes y tolerancia cero frente a prácticas irregulares. En ese sentido, es fundamental que los directorios asuman un rol activo en la supervisión de los sistemas de prevención, asignando recursos adecuados y exigiendo resultados concretos.

Asimismo, el rol del oficial de cumplimiento se vuelve estratégico: debe tener autonomía, capacidad de acceso a información relevante y la confianza de la administración para ejecutar su función sin interferencias.

Una nueva era para la responsabilidad empresarial

La formalización de estos siete aserraderos representa un punto de inflexión en la aplicación del derecho penal empresarial en Chile. Más allá de sus implicancias jurídicas, constituye una advertencia clara para el sector privado: no adoptar medidas de compliance adecuadas puede derivar en consecuencias penales directas.

Desde Regcheq, consideramos que este caso refuerza la importancia de contar con herramientas tecnológicas que permitan gestionar el riesgo de cumplimiento de manera proactiva. Nuestra plataforma ayuda a las organizaciones a identificar vulnerabilidades, estructurar controles efectivos y demostrar su compromiso con la legalidad y la ética empresarial.

En un entorno cada vez más fiscalizado, invertir en compliance ya no es opcional: es una condición esencial para operar de forma sostenible y legítima.