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La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030: ¿Qué deben saber las empresas?
El Perú no solo enfrenta el lavado de activos desde un frente judicial, sino desde una planificación estratégica a largo plazo. La Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PNCLA) al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 011-2021-JUS, es el instrumento que busca reducir la incidencia de estos delitos en nuestra economía.
Para los oficiales de cumplimiento, entender este marco es vital, ya que de aquí emanan las futuras normativas que la UIF y la SMV exigirán a los sujetos obligados.
Las 5 causas principales del lavado de activos en el Perú
El diagnóstico de la PNCLA 2030 identifica factores estructurales que facilitan el ingreso de dinero ilícito al sistema formal. Comprender estas causas ayuda a las empresas a calibrar mejor su matriz de riesgos:
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Alta informalidad económica: Con niveles que superan el 70%, la informalidad es el caldo de cultivo ideal para ocultar el origen de fondos ilícitos.
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Presencia de delitos precedentes graves: El narcotráfico, la minería ilegal (oro aluvial) y la corrupción pública son los principales motores de generación de activos ilegales.
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Porosidad en el control de fronteras: Facilita el transporte físico de dinero en efectivo y el contrabando.
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Debilidad en la supervisión de sectores no financieros: Sectores como el inmobiliario, la venta de vehículos y los casinos son identificados como zonas de alta vulnerabilidad.
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Deficiencias en la identificación del Beneficiario Final: La falta de transparencia sobre quiénes poseen realmente las empresas permite el uso de "testaferros" y empresas fachada.
Objetivos estratégicos de la PNCLA al 2030
La política no es solo un diagnóstico; propone soluciones concretas para fortalecer el sistema de prevención peruano. Sus pilares incluyen:
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Mejorar la detección de operaciones sospechosas: Fortalecer la capacidad analítica de la UIF y la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por las empresas.
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Fortalecer la investigación y sanción: Reducir la impunidad asegurando que las investigaciones penales lleguen a sentencias efectivas.
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Gestión de riesgos en el sector público y privado: Fomentar que más empresas adopten Modelos de Prevención eficaces (Ley 30424).
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Cooperación internacional: Agilizar el intercambio de información con otros países para rastrear activos que cruzan fronteras.
¿Por qué esta política afecta tu plan de Compliance?
La PNCLA al 2030 establece que la lucha contra el lavado es una responsabilidad compartida. Esto significa que la presión regulatoria sobre las empresas peruanas seguirá aumentando de aquí al final de la década. El Estado espera que el sector privado sea su "primera línea de defensa" mediante el uso de tecnología y procesos de debida diligencia más estrictos.
En Regcheq, entendemos que cumplir con esta política nacional requiere de herramientas que simplifiquen la gestión de riesgos y la identificación de beneficiarios finales de manera automática.
