Levantar el secreto bancario: clave para fortalecer a la UAF

En Chile, cada día se mueven millones de dólares. La mayoría en operaciones legales, pero algunas esconden delitos graves: lavado de dinero, corrupción, financiamiento del terrorismo. Para detectarlas, hay una institución clave: la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pero hay un problema. Aunque la UAF está hecha para investigar, no puede mirar donde más importa: las cuentas bancarias.

Así es. Hoy en Chile, la UAF no puede acceder al secreto bancario. Ni siquiera en casos de operaciones claramente sospechosas. Si quiere esa información, tiene que depender del Ministerio Público, que a su vez debe pedirla a un juez. Un proceso lento, burocrático… y muchas veces, inútil frente al crimen organizado, que no espera.

Pero eso podría cambiar pronto.

El proyecto que busca romper el cerrojo

Desde 2022 se tramita en el Congreso un proyecto de ley que busca modernizar esta situación. ¿El objetivo? Que la UAF pueda solicitar al Ministerio Público el alzamiento del secreto bancario, para investigar operaciones potencialmente ilegales.

Este cambio no significa que la UAF podrá revisar cuentas a su antojo. Al contrario: se mantiene el control del Ministerio Público. Pero sí se elimina un cuello de botella que hoy ralentiza investigaciones clave y permite que muchos delitos queden impunes.

En enero de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. Ahora está en el Senado, donde se analiza en la Comisión de Constitución. Su aprobación sería un paso decisivo para que Chile esté a la altura de los desafíos actuales en delitos financieros.

¿Por qué esto es tan importante?

Porque el crimen económico ha evolucionado. Ya no hablamos solo de narcotraficantes o estafadores comunes. Hoy existen redes complejas que blanquean dinero a través de empresas ficticias, inversiones digitales o propiedades de lujo. Y en muchos casos, el punto de partida para detectarlas está en los movimientos bancarios.

La UAF recibe miles de reportes de operaciones sospechosas (ROS) cada año. Pero si no puede ver los datos clave —saldos, transferencias, beneficiarios reales—, su análisis queda cojo. Es como armar un rompecabezas sin la mitad de las piezas.

Por eso, darle acceso al secreto bancario no es opcional, es urgente. De lo contrario, se seguirán perdiendo oportunidades de frenar delitos que no solo afectan al Estado, sino también al sistema financiero y a la confianza de los ciudadanos.

¿Y qué dicen quienes están en contra?

Algunos critican la iniciativa por temor a vulneraciones a la privacidad. Pero el diseño del proyecto cuida ese punto: la UAF no tendrá carta blanca, sino que deberá justificar cada solicitud y pasar por la aprobación del Ministerio Público. Además, se trata de investigaciones sobre operaciones ya calificadas como sospechosas. No es espionaje masivo, es inteligencia financiera.

Desde el Gobierno, expertos en cumplimiento normativo, organismos internacionales e incluso el sector bancario, la mayoría ha apoyado el cambio. Coinciden en que no se puede seguir luchando contra el crimen financiero del siglo XXI con herramientas del siglo pasado.

¿Qué pasa si no se aprueba?

Simple: Chile seguirá en desventaja. Otros países de la región ya han otorgado estas facultades a sus unidades de análisis financiero. No hacerlo expone a Chile a sanciones internacionales, pero sobre todo, deja la puerta abierta a que bandas criminales sigan operando con impunidad.

Además, la falta de acceso a información clave afecta directamente al cumplimiento normativo de muchas empresas. Las que están sujetas a la Ley 19.913 —desde bancos hasta inmobiliarias— deben reportar operaciones sospechosas y colaborar con la UAF. Si la institución no tiene herramientas reales para investigar, todo el sistema de prevención se debilita.

¿Qué viene ahora?

La pelota está en la cancha del Senado. Si la Comisión de Constitución aprueba el proyecto, podría pasar pronto a votación en sala. Si se convierte en ley, la UAF tendría por fin la capacidad de investigar con eficacia, sin depender de procesos lentos ni quedar atada de manos frente al delito económico.

Conclusión

Chile necesita una UAF con dientes. Y eso pasa por permitirle acceder —bajo control, con responsabilidad— al secreto bancario. Es una medida lógica, urgente y alineada con los estándares internacionales. No es un salto al vacío, es una actualización necesaria para proteger al país de los delitos financieros más complejos de nuestra era.

En la lucha contra el crimen económico, o vamos un paso adelante, o vamos muy atrás. La decisión está hoy en manos del Congreso.