¿Cuáles son las penas por delitos económicos en Chile?

Los delitos económicos han cobrado gran relevancia en Chile en los últimos años, especialmente con la entrada en vigencia de la Ley N°21.595 que moderniza la persecución penal en esta materia. Esta legislación establece nuevas figuras delictivas, fortalece la fiscalización y endurece las penas por delitos económicos, afectando tanto a personas naturales como jurídicas. En este artículo, revisamos en detalle qué se entiende por delito económico, las penas asociadas y cómo las empresas pueden prepararse para cumplir con este nuevo marco normativo.

¿Qué se entiende por delitos económicos?

Los delitos económicos son aquellas infracciones penales que afectan la economía, el orden financiero o el interés público, y que son cometidas generalmente en contextos de negocios, finanzas o administración de recursos.

En Chile, la nueva ley clasifica estos delitos en cuatro categorías:

• Delitos contra el orden socioeconómico: como la colusión, el uso de información privilegiada, o el abuso de posición dominante.

• Delitos contra la administración pública: como el cohecho, malversación o fraude al fisco.

• Delitos de corrupción entre particulares.

• Delitos cometidos por funcionarios públicos o empleados de empresas privadas en el ejercicio de sus funciones.

Esta nueva clasificación permite aplicar criterios más claros a la hora de investigar y sancionar estas conductas.

¿Cuáles son las penas por delitos económicos?

Las penas por delitos económicos varían según la gravedad del delito, la categoría asignada por la ley, y el grado de responsabilidad del autor. A continuación, se detallan las principales sanciones que contempla la normativa chilena:

Penas privativas de libertad

La Ley 21.595 establece una nueva escala penal para este tipo de delitos. Dependiendo de la categoría del delito, la pena puede ir desde los 541 días hasta más de 10 años de cárcel. En los casos más graves, como la corrupción o el lavado de activos a gran escala, se pueden aplicar penas de presidio mayor en su grado medio o máximo.

Inhabilitaciones

Además de la cárcel, quienes sean condenados por delitos económicos pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos o directivos en empresas por un período determinado o de forma permanente, dependiendo del caso.

Multas económicas

La ley permite aplicar multas proporcionales al perjuicio causado o al beneficio económico obtenido, lo que puede alcanzar cifras millonarias. Estas sanciones buscan disuadir la comisión de estos delitos, especialmente en el sector empresarial.

Sanciones para personas jurídicas

Uno de los aspectos más relevantes es que las empresas también pueden ser penalizadas si no cuentan con modelos adecuados de prevención del delito. Las sanciones pueden incluir:

• Multas,

• Pérdida de beneficios fiscales o contratos públicos,

• Disolución de la persona jurídica,

• Clausura temporal del establecimiento.

¿Cómo pueden prepararse las empresas?

La implementación de modelos de prevención de delitos (MPD) es clave para mitigar riesgos y cumplir con la ley. Estos modelos deben incluir:

• Un oficial de cumplimiento,

• Protocolos y controles internos,

• Canales de denuncia,

• Capacitaciones periódicas,

• Monitoreo y actualización constante.

Adoptar un software de compliance como Regcheq puede facilitar la implementación y gestión del modelo de prevención, asegurando que la empresa esté alineada con los estándares exigidos por la normativa vigente.

Conclusión

Las penas por delitos económicos en Chile son cada vez más estrictas, reflejando un cambio en la forma en que se combate la corrupción y se protege el sistema económico. Hoy más que nunca, las empresas deben tomarse en serio la prevención del delito y adoptar medidas concretas para evitar responsabilidades penales. Contar con herramientas tecnológicas especializadas y asesoría legal adecuada no solo reduce riesgos, sino que fortalece la reputación y sostenibilidad del negocio.