El 2 de junio de 2026, la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI desarticularon la mayor red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile. La denominada Operación Tokio dejó 19 detenidos y destapó un esquema que entre 2022 y 2025 movió más de $78 mil millones a través del sistema bancario formal, con transferencias internacionales y criptoactivos.
Lo más perturbador no es el monto. Es que nadie lo detectó a tiempo.
Un sistema que no alertó
Según la investigación de CIPER, los movimientos de esta enorme cantidad de dinero no generaron alertas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dirigidas al Ministerio Público ni a la PDI. No fue la primera vez: en junio de 2025, cuando se desbarató otra red del mismo grupo criminal, tampoco hubo alertas preventivas.
La estructura operaba en cuatro niveles: recaudadores de extorsiones, "abonantes" que depositaban el efectivo en cuentas bancarias, "presta-cuentas" que recibían los fondos, y sociedades de fachada que enviaban el dinero al extranjero. Dentro del tercer eslabón estaba un ejecutivo bancario —el primero detenido en Chile por vínculos con el crimen organizado— que habría abierto cuentas en distintas instituciones para introducir fondos ilícitos al mercado formal.
La señal que existía y nadie cruzó
Este ejecutivo tenía una causa penal activa por hurto simple.
Un antecedente así es exactamente lo que un proceso de debida diligencia robusto debe detectar. No como condena definitiva, sino como señal de alerta que activa revisión adicional y, si corresponde, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAF.
En Regcheq, el módulo de Causas Penales permite consultar en tiempo real si una persona —cliente, proveedor o colaborador— registra causas activas en el sistema judicial chileno. Ese dato estaba disponible. Simplemente nadie lo consultó.
Compliance preventivo, no reactivo
Hay una creencia extendida: que el compliance sirve para responder cuando llega la fiscalización. Este caso demuestra lo contrario.
El compliance no es el bombero que apaga el incendio. Es el detector de humo que debería sonar antes. O como dice Cristóbal Concha, CEO de Regcheq: "El compliance son los frenos de tu auto, pero que evitan que en plena carrera de Fórmula 1 te estrelles contra el muro".
La Circular N°62 de la UAF —vigente desde el 1 de junio de 2025— es explícita: los sujetos obligados deben aplicar un enfoque basado en riesgos (EBR), calibrando sus controles según las amenazas reales de su sector. Eso incluye verificar antecedentes, monitorear operaciones inusuales y activar la debida diligencia reforzada cuando corresponde.
Un sistema de compliance preventivo incluye, como mínimo:
- Verificación de causas penales de colaboradores, ejecutivos y clientes
- Revisión de listas internacionales (ONU, GAFI) de forma automatizada
- Detección de PEP y beneficiarios finales de forma continua, no solo al onboarding
- Alertas de operaciones inusuales por volumen o frecuencia fuera del perfil habitual
- Trazabilidad documentada para demostrar que el sistema funcionó ante una fiscalización
La diferencia entre cumplir el mínimo y realmente prevenir
Regcheq Compliance centraliza la debida diligencia, la verificación de antecedentes —incluyendo causas penales—, el monitoreo de listas internacionales y toda la operativa que la Ley 19.913 y la Circular N°62 exigen a los sujetos obligados en Chile.
¿Tu organización habría detectado esta señal antes de que ocurriera el daño?
