Empresas sancionadas por la Ley 20.393 en Chile: casos clave

¿Qué es la Ley 20.393 y a quién aplica?

La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, permitiendo sancionar penalmente a empresas cuando ciertos delitos son cometidos por sus trabajadores o representantes, en su beneficio. Esta normativa aplica tanto a empresas privadas como a entidades sin fines de lucro, y obliga a implementar Modelos de Prevención de Delitos (MPD) si desean eximirse o atenuar su responsabilidad en caso de una investigación.

Desde su entrada en vigencia en 2009, ha sido aplicada en múltiples ocasiones, generando jurisprudencia relevante y sirviendo como advertencia para empresas que aún no cuentan con un modelo de compliance robusto.

Casos reales de empresas sancionadas por la Ley 20.393

A continuación, se presentan algunos casos emblemáticos donde la ley fue aplicada. Estas sanciones han sentado precedentes importantes en el ámbito del cumplimiento normativo corporativo en Chile.

1. Corpesca S.A. – Caso de cohecho (2016–2021)

Corpesca, una de las principales pesqueras del norte del país, fue sancionada por el delito de cohecho tras conocerse que realizó pagos a la exdiputada Marta Isasi a cambio de influir en legislación favorable al sector.
Sanción: multa de 10.000 UTM, más la obligación de implementar un MPD efectivo. También se prohibió a la empresa contratar con el Estado por un periodo determinado.

2. Constructora OAS – Lavado de activos (2019)

La empresa brasileña OAS, implicada en el caso Lava Jato, fue investigada en Chile por lavado de activos vinculados a financiamiento ilegal de campañas políticas.
Sanción: Aunque no hubo condena penal firme en Chile, fue un caso en que la Fiscalía citó expresamente la Ley 20.393 como marco jurídico para la imputación a la persona jurídica.

3. Sociedad Legal Minera El Toqui – Receptación de equipos (2022)

Esta minera fue acusada de receptación de maquinaria robada desde faenas cercanas. Aunque la empresa alegó desconocimiento, se determinó que no contaba con controles adecuados.
Sanción: multa y publicación de sentencia. La empresa debió rediseñar sus políticas de adquisiciones.

4. Empresas del rubro forestal (caso reservado, 2020)

En una investigación reservada que luego fue publicada por la Fiscalía de O’Higgins, una empresa forestal mediana fue condenada por delito informático vinculado a manipulación de licitaciones.
Sanción: pena pecuniaria y obligación de implementar controles tecnológicos internos.

¿Qué enseñan estos casos?

Estos ejemplos muestran que no solo las grandes empresas están en riesgo. También las PYMES y compañías regionales pueden ser objeto de investigaciones si no cuentan con un sistema preventivo adecuado.

Las fallas más comunes detectadas fueron:

• Falta de protocolos para prevenir delitos económicos

• Ausencia de capacitación al personal

• No contar con un encargado de cumplimiento o canal de denuncias

• Falta de revisión en la cadena de proveedores

¿Cómo evitar ser sancionado por la Ley 20.393?

La mejor forma de evitar sanciones es anticiparse con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) efectivo. Este debe adaptarse al tamaño, rubro y riesgos específicos de cada empresa, e incluir:

• Evaluación de riesgos delictuales

• Políticas internas y códigos de conducta claros

• Procedimientos de denuncia y seguimiento

• Formación periódica de trabajadores y ejecutivos

• Auditorías y mejora continua del sistema

La prevención como herramienta clave

Las sanciones bajo la Ley 20.393 han dejado claro que la responsabilidad penal empresarial es una realidad en Chile. No basta con “no saber” o actuar de buena fe. Las empresas deben demostrar prevención activa y compromiso con el cumplimiento normativo.

Implementar un modelo de compliance no es solo una exigencia legal, es una ventaja competitiva que protege la reputación y asegura la continuidad del negocio.

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