Hasta ahora, el Caso Sartor era conocido por la multa administrativa que la CMF aplicó a sus exdirectores y exgerente general. Pero en agosto de 2026 el caso entró en una fase distinta y mucho más severa: la penal. El 30 de julio comenzó la audiencia de formalización contra 11 imputados y tras 14 jornadas, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para varios de ellos.
Se trata del primer gran caso que pone a prueba la Ley 21.595 de Delitos Económicos desde su entrada en vigencia en agosto de 2023. Para cualquier director, gerente general o abogado in-house en Chile, entender qué cambió con esta ley —y qué significa verla aplicada por primera vez a esta escala— ya no es un ejercicio teórico.
¿Qué pasó en la fase penal del Caso Sartor?
El Ministerio Público estima que el perjuicio a los inversionistas de los fondos administrados por Sartor AGF bordea los USD 200 millones, producto de una estructura que habría triangulado recursos hacia sociedades relacionadas con sus propios controladores. Los delitos imputados incluyen administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de OPA y lavado de activos.
Tras dos semanas de audiencia, la jueza a cargo dio por acreditada la mayoría de los delitos formalizados y decretó prisión preventiva para los principales controladores y ejecutivos, además de arresto domiciliario y arraigo nacional para otros imputados mientras avanza la investigación.
Por qué esto cambia el estándar para directores y ejecutivos
La Ley 21.595 fue diseñada para terminar con lo que muchos calificaban como "perdonazos" al delito de cuello blanco: sanciones simbólicas frente a fraudes que, en términos de daño económico y social, podían ser tan o más graves que un delito común. El Caso Sartor es la primera vez que ese cambio de estándar se traduce en medidas cautelares de esta severidad para ejecutivos y controladores de una entidad regulada.
Esto tiene una consecuencia directa para cualquier empresa: la responsabilidad ya no se limita a multas administrativas de la CMF ni a sanciones reputacionales. Bajo la Ley 21.595 —y su vínculo con la Ley 20.393 de responsabilidad penal de personas jurídicas— directores y ejecutivos pueden enfrentar consecuencias penales personales cuando la empresa no cuenta con un modelo de prevención de delitos efectivo.
La pregunta que todo directorio debería hacerse hoy
Si tu empresa fuera investigada mañana bajo un estándar similar al aplicado en el Caso Sartor, ¿podría demostrar que existió un modelo de prevención de delitos vigente, con protocolos claros, un encargado de prevención con independencia real y evaluaciones periódicas de riesgo? Para muchas empresas en Chile, la respuesta honesta todavía es no.
Regcheq Delitos Económicos ayuda a implementar y mantener vigente el Modelo de Prevención de Delitos exigido por la Ley 20.393 y la Ley 21.595, con evidencia documentada y trazable que protege tanto a la empresa como a sus directores y ejecutivos frente a un escenario de fiscalización o investigación penal. A esto se suma Capacitaciones, que permite demostrar ante un eventual regulador o fiscal que la cultura de prevención en la empresa es real y no solo declarativa.
El Caso Sartor confirma que la Ley de Delitos Económicos dejó de ser una norma en papel. La pregunta ya no es si un modelo de prevención es necesario, sino si el de su empresa resistiría el mismo escrutinio.
