Ley 19.913: Fundamento del sistema antilavado en Chile

La Ley N° 19.913, promulgada en 2003, es el principal pilar normativo para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile. Esta legislación crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece un marco sancionatorio tanto para personas naturales como jurídicas que se involucren directa o indirectamente en este tipo de delitos.

A lo largo de los años, esta ley ha sido complementada por otras normativas que fortalecen la fiscalización y endurecen las sanciones, adaptándose a estándares internacionales y nuevas tipologías delictivas.

¿Qué regula la Ley 19.913?

La Ley 19.913 establece:

• La creación y funciones de la UAF, encargada de prevenir e investigar el lavado de activos.

• La tipificación del delito de lavado de dinero.

• La obligación de reportar operaciones sospechosas por parte de sujetos obligados.

• Las sanciones penales y administrativas aplicables a quienes infringen esta ley.

Su objetivo central es evitar que bienes provenientes de delitos —como el narcotráfico, corrupción, cohecho, contrabando, entre otros— ingresen al sistema financiero y económico formal.

Principales delitos base vinculados al lavado de activos

La ley contempla una lista de delitos precedentes, conocidos como “delitos base”, de los cuales pueden originarse fondos ilícitos. Algunos de los más relevantes son:

• Tráfico de drogas

• Contrabando

• Corrupción de funcionarios públicos

• Terrorismo

• Trata de personas y tráfico de migrantes

• Delitos tributarios

• Cohecho nacional e internacional

Este catálogo se ha ampliado con el tiempo, incluyendo nuevas formas de criminalidad económica y organizada. Son más de 200 delitos.

Normativas que amplían o complementan la Ley 19.913

Para fortalecer el ecosistema de prevención, la Ley 19.913 ha sido reforzada por otras normas:

Ley 20.393

Incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Obliga a las empresas a implementar Modelos de Prevención del Delito (MPD) para evitar sanciones.

Ley 21.121 (Ley Anticorrupción)

Modifica el Código Penal y otras normativas para endurecer las penas por delitos de corrupción, incorporando nuevos tipos penales como la administración desleal y la corrupción entre privados.

Ley 21.595 (Ley de Delitos Económicos)

Establece un nuevo catálogo de delitos económicos y aplica un sistema de graduación de penas más severo para quienes ocupan posiciones de poder o confianza en las organizaciones.

Estas leyes crean un entorno regulatorio más estricto, donde el cumplimiento y la debida diligencia ya no son opcionales, sino obligaciones estratégicas.

Obligaciones para personas y empresas

Tanto personas naturales como jurídicas pueden ser sancionadas si participan, encubren o no reportan actividades relacionadas al lavado de activos. Las obligaciones principales incluyen:

• Reportar operaciones sospechosas a la UAF.

• Conservar documentación de transacciones relevantes por al menos cinco años.

• Capacitar regularmente a su personal sobre prevención del lavado.

• Contar con un oficial de cumplimiento en organizaciones obligadas.

• Implementar controles internos efectivos para detectar operaciones inusuales.

Sanciones aplicables según la Ley 19.913 y normativas asociadas

Para personas naturales

• Prisión efectiva: entre 5 y 15 años, dependiendo del rol y la gravedad del delito.

• Multas: hasta 20.000 UTM.

• Inhabilitación absoluta para cargos públicos o funciones fiduciarias.

• Comiso de bienes relacionados con la actividad ilícita.

Para personas jurídicas

En virtud de la Ley 20.393 y la Ley 21.595, las sanciones incluyen:

• Multas proporcionales al beneficio obtenido o a los ingresos anuales (hasta el doble del beneficio económico).

• Prohibición temporal o permanente de celebrar contratos con el Estado.

• Pérdida de beneficios fiscales o subvenciones.

• Disolución de la persona jurídica, en los casos más graves.

• Publicación de la sentencia a costa de la empresa, lo que afecta gravemente su reputación.

¿Qué pasa si una empresa no está regulada directamente por la UAF?

Incluso las organizaciones que no son sujetos obligados directos ante la UAF pueden verse afectadas si:

• Participan sin saberlo en una red de lavado de activos.

• Contratan proveedores o clientes con antecedentes penales.

• No aplican debida diligencia en sus procesos de contratación o pagos.

Por eso, la prevención y monitoreo continuo son esenciales incluso para empresas no reguladas, especialmente con el nuevo enfoque de “compliance transversal” impulsado por leyes como la 21.595.

Buenas prácticas para prevenir sanciones por lavado de activos

1. Implementar un Modelo de Prevención del Delito actualizado.

2. Monitorear continuamente relaciones comerciales, empleados y beneficiarios finales.

3. Realizar auditorías internas periódicas con foco en compliance.

4. Establecer una cultura de integridad y denuncia interna.

5. Utilizar soluciones tecnológicas como Regcheq para detectar señales de alerta.

¿Cómo ayuda Regcheq a mitigar riesgos?

Regcheq ofrece una plataforma integral para fortalecer el cumplimiento normativo, mediante funcionalidades como:

• Alertas automáticas de relaciones sospechosas entre empleados, proveedores y terceros.

• Módulos de revisión de listas negras, sancionados y Personas Expuestas Políticamente (PEP).

• Trazabilidad completa de acciones de compliance.

• Reportes periódicos y centralizados, listos para auditorías o fiscalización.

Esto permite a las empresas actuar preventivamente y documentar sus esfuerzos, clave para eximirse de responsabilidad penal si llegaran a verse involucradas en una investigación.

La Ley 19.913 y su ecosistema normativo en expansión han transformado el panorama del compliance en Chile. Hoy, tanto personas naturales como empresas enfrentan sanciones significativas si no toman medidas preventivas ante el riesgo de lavado de activos.

Adoptar una postura activa, apoyada en tecnología, no solo protege legalmente a tu organización, sino que también fortalece su reputación y sostenibilidad.